El 17 de enero de 2026 marca un hito en la historia de la gobernanza oceánica. Tras más dedos décadas de negociaciones y con 83 ratificaciones, entra en vigor el Tratado de Alta Mar, el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante diseñado para proteger la biodiversidad marina más allá de las fronteras nacionales. Un paso largamente esperado que redefine la manera en que el mundo se relaciona con el océano que no pertenece a ningún país, pero del que todos dependemos.
Conocido oficialmente como el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), este tratado nace bajo el paraguas de Naciones Unidas y se convierte en una herramienta clave para la protección de cerca del 50 % de la superficie del planeta: la alta mar. Hasta hoy, ese inmenso territorio azul estaba regulado de manera fragmentada, a través de acuerdos sectoriales que abordaban por separado la pesca, el transporte marítimo o la minería, sin un marco ambiental integral que priorizara la vida marina.
La entrada en vigor del tratado cambia ese escenario. Por primera vez, la comunidad internacional cuenta con un instrumento legal que permite crear Áreas Marinas Protegidas en aguas internacionales, una posibilidad inexistente hasta ahora. Esto abre la puerta a proteger ecosistemas oceánicos remotos pero fundamentales para la regulación climática, la producción de oxígeno y la biodiversidad global. Entre los primeros lugares que podrían beneficiarse de esta figura está la corriente de Canarias, una zona de alta productividad biológica que ya se perfila como posible área protegida bajo el nuevo acuerdo.
Además, el tratado establece la obligatoriedad de realizar evaluaciones de impacto ambiental para actividades que puedan causar daños significativos al océano, como grandes proyectos industriales o prácticas extractivas emergentes. Este punto resulta especialmente relevante en un contexto de creciente interés por la explotación de recursos en aguas profundas, donde los ecosistemas son frágiles y aún poco conocidos. Evaluar antes de intervenir se convierte, así, en un principio rector y no en una opción.
Otro de los avances centrales del acuerdo es el reconocimiento del uso sostenible y equitativo de los recursos genéticos marinos. El tratado busca garantizar que los beneficios derivados de estos recursos —con potencial en campos como la biotecnología o la farmacéutica— se compartan de manera justa, evitando que solo unos pocos países con mayor capacidad tecnológica concentren las ganancias. En esa misma línea, se promueve la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de capacidades científicas en países en desarrollo, un aspecto clave para reducir las brechas históricas en el acceso al conocimiento oceánico.
Desde la perspectiva de la gobernanza global, el Tratado de Alta Mar representa un cambio de paradigma. Antes, las zonas más extensas del océano carecían de un sistema unificado de protección ambiental. Hoy, el acuerdo obliga a los Estados parte a coordinarse, aplicar estándares comunes y avanzar hacia un objetivo compartido: proteger al menos el 30 % de los océanos para 2030, la meta conocida como 30×30. Sin embargo, el éxito de este compromiso dependerá de la implementación efectiva, la cooperación internacional y la voluntad política sostenida en el tiempo.
Para Colombia, la entrada en vigor del tratado tiene un significado especial. El país firmó el acuerdo en septiembre de 2023 y, a partir de ahora, asume el compromiso de incorporarlo a su legislación nacional y cumplir con sus obligaciones ambientales y multilaterales. Aunque la alta mar no se encuentre bajo jurisdicción directa colombiana, su rol como nación megadiversa y con costas en dos océanos implica una participación activa en la gobernanza global del mar y en la construcción de consensos para su protección.
Para Colombia, la entrada en vigor del tratado tiene un significado especial. El país firmó el acuerdo en septiembre de 2023 y, a partir de ahora, asume el compromiso de incorporarlo a su legislación nacional y cumplir con sus obligaciones ambientales y multilaterales.
Aunque la alta mar no se encuentre bajo jurisdicción directa colombiana, su rol como nación megadiversa y con costas en dos océanos implica una participación activa en la gobernanza global del mar y en la construcción de consensos para su protección.
Foto: Sebastian Arango Alzate
No obstante, los desafíos son evidentes. No todos los países han ratificado el tratado, lo que limita su alcance inmediato; Estados Unidos, por ejemplo, lo ha firmado pero aún no lo ha ratificado. Además, temas críticos como la minería de los fondos marinos siguen dependiendo de otros marcos legales internacionales, lo que exige una coordinación compleja entre distintos regímenes. A esto se suma que las instituciones clave del tratado —como su Secretaría, el cuerpo científico y los mecanismos de cumplimiento— todavía están en proceso de configuración y serán discutidas en la primera Conferencia de las Partes, prevista antes de enero de 2027.
Aun así, el valor simbólico y práctico de este acuerdo es innegable. Para la conservación marina global, el Tratado de Alta Mar es comparable al Acuerdo de París para el clima: establece obligaciones claras, crea herramientas reales de protección y reconoce que el océano es un sistema interconectado que requiere respuestas colectivas. En un momento crítico para el planeta, este tratado nos recuerda que el océano no es un vacío sin dueño, sino un patrimonio común cuya salud define nuestro futuro.
Desde la Agenda del Mar celebramos la entrada en vigor de este acuerdo histórico como una señal de esperanza y responsabilidad compartida. Proteger la alta mar es proteger el corazón azul del planeta, ese que regula el clima, produce oxígeno y sostiene la vida. Hoy más que nunca, el llamado es a pasar del compromiso a la acción, a vigilar su implementación y a seguir construyendo cultura oceánica, porque incluso en las aguas más lejanas, cada decisión cuenta y el mar —siempre— empieza en casa.
