En los últimos días el país escuchó con estupor la noticia de que una organización ilegal estaba traficando aletas de tiburón desde el Pacífico colombiano a Asia y Estados Unidos. Así se había confirmado tras una operación en la que un miembro de la policía se había infiltrado en el oscuro mundo del tráfico de estas partes de animales.
“Mientras a un pescador le pagaban 25 mil pesos por aleta, el cerebro de la banda la vendía por 600 mil pesos. Los criminales mataban hasta mil tiburones al mes”, decía el presentador de un canal de televisión.
La información generó sorpresa pues desde 2022 no se tenían reportes de decomisos y muchas personas pensaban que en Colombia la práctica del “aleteo” no existía.
Esta noticia agitó aún más una discusión que ya se venía dando desde que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) publicó, a finales de enero, la Resolución 0119 de 2024, que autoriza el aprovechamiento de 15 especies de tiburones y rayas, siempre que sean capturadas de forma incidental en las faenas de los pescadores artesanales.
Mientras algunos líderes ambientales en ese momento lanzaron gritos de alerta, el Gobierno Nacional explica en la Resolución que la medida se tomó “para proteger la salud de las poblaciones de dichos organismos, así como la salvaguarda del derecho humano a la alimentación, subsistencia, diversidad y riqueza cultural de las comunidades costeras de Colombia”.
La discusión sobre los tiburones no es nueva. Históricamente, las comunidades costeras han aprovechado la carne de tiburón para su consumo cuando algún animal termina en una red o en un anzuelo, producto de la incidentalidad. Pero desde 2021 esa posibilidad había quedado prohibida.
En ese momento también hubo polémica y se dijo que el decreto 281 desconocía la posibilidad de capturas que no hacen por voluntad expresa de los pescadores. Académicos e investigadores explicaron que “la incidentalidad en la pesca no se puede prohibir ni autorizar porque simplemente ocurre. Por eso hay que hablar es de regularla”.
Hay una gran diferencia en la categoría en la que el Gobierno colombiano incluye a estas especies: como “recurso hidrobiológico”, o sea animales o vegetales que tienen su ciclo completo en el agua, su aprovechamiento no está permitido en ningún caso; o como “recurso pesquero”, que es aquella parte de los recursos hidrobiológicos susceptibles de ser extraídos con fines de consumo, procesamiento, estudio u obtención de cualquier otro beneficio.
Fotos: José María Chamorro, Fotoconcurso Agenda del Mar.
La controversia
Lo que muchos se preguntan es qué resulta más conveniente para la conservación de los tiburones y las rayas marinas. Unos se inclinan abiertamente por la prohibición total, mientras otros consideran que bajo la clasificación de “recurso pesquero” se tiene una vigilancia de la Aunap y eso permite hacer un control de forma más eficaz.
Guillermo Prieto la Rotta, más conocido como Pirry, publicó un video en sus redes sociales que alertó a muchas personas por que el presentador de televisión planteaba un escenario apocalíptico sobre lo que podía pasar con algunas especies de tiburones y rayas.
Investigadores y académicos salieron a aclarar los alcances de la Resolución 0119 de 2024. Entre otros aspectos, advirtieron que la pesca de tiburones sigue prohibida y que en la nueva norma solo se hacen precisiones sobre el uso de los animales que son capturados debido a la incidentalidad inevitable en las tareas de pesca artesanal. Además, destacaron que se establece que “las aletas de tiburón deben venir adheridas al cuerpo, las cuales deberán ser cortadas única y exclusivamente en el puerto de desembarco o centro de acopio”.
Felipe Ladino, Coordinador de Proyectos Fundación Malpelo, reconoce que desde 2021, cuando le quitaron la competencia de la protección y control a la Aunap, se dejaron de tomar datos sobre la cantidad de animales capturados de manera incidental en los barcos pesqueros cuando llegan a los puertos y advierte que eso “es un gran retroceso”.
En el mismo sentido se manifestó Juan Manuel Díaz, Coordinador de Programas Fundación Marviva Colombia: “La lógica, si la institucionalidad funcionara bien en Colombia, debería ser que estas especies fueran consideradas como recurso hidrobiológico, pero hay que reconocer que el decreto 281 de 2021 quedó mal hecho, el tema de la incidencia no quedó muy claro ni la comercialización de la pesca incidental. Pero eso se podría haber subsanado, dejando claro que, aunque estas especies sean un recurso hidrobiológico, su monitoreo, vigilancia y control en las capturas las debe hacer la Aunap”.
Además, contó que varias organizaciones ambientalistas fueron invitadas por la Aunap a una presentación de la Resolución, en la que ya estaban definidas las 15 especies que se incluyen en la categoría de recursos pesqueros susceptibles de ser aprovechados. Es decir, la lista no fue concertada con los representantes de estas organizaciones.
Fotos: Bernardo Hernández Sierra, serie tomada en Cartagena, ganadora como «Denuncia ambiental», en el Fotoconcurso Agenda del Mar 2020.
La directora de la Fundación Malpelo, Sandra Bessudo, agregó que muchos de los tiburones no se encuentran cerca de la costa donde hace su trabajo el pescador artesanal. En esta inquietud coinciden varias de las personas consultadas, pues algunas de las especies incluidas en la Resolución habitan lejos de la costa, a donde las embarcaciones que llegan son semi-industriales o incluso, industriales. “Hay que derogar la resolución. Si tenemos un decreto presidencial no se debe emitir una resolución en sentido contrario. Se pueden hacer, simplemente, unas modificaciones al decreto”, asegura.
La sensación que quedó después de conocer el entramado del tráfico de aletas de tiburón en el Pacífico colombiano es que muchas capturas no terminan siendo aprovechadas para el consumo propio de las familias de los pescadores, sino que van a mercados en los que se pagan altos precios por ellas.
Fotos: Armada Nacional y Secretaría de Ambiente de Bogotá
Un elemento que le añadió un gran sinsabor al debate fueron las declaraciones de la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, el 14 de febrero en Buenaventura. Para justificar el cambio del decreto de 2021 que prohibía cualquier forma de pesca de tiburones, dijo que ese era “un decreto odioso, un decreto yuppie, de los gomelos, como quienes toman estas decisiones dándole no solo la espalda, dando de verdad una muestra clara de lo que es el racismo”.
Video Caracol, de discurso de la Ministra
Estas afirmaciones cayeron muy mal en diferentes sectores. Ese mismo día, la Aunap publicó el texto, con algunos ajustes y abrió la posibilidad de que cualquier persona participe “en la construcción normativa de los proyectos regulatorios en consulta”.
Días después la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, convocó para una reunión a académicos, científicos y representantes de los grupos de investigación más importantes del país. De ahí salieron tres compromisos:
- Crear un programa de gobernanza integral financiado por el Fondo para la Vida
- Instalar una mesa técnica para analizar la Resolución y la lista de amenazas.
- Incluir en las sesiones del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (Conaldef) el tema de pesca.
Diego Cardeñosa, PhD en Ciencias Marinas y una de las voces más respetadas sobre el tema en Colombia, reconoció que el debate fue de alto nivel y agradeció el liderazgo y “disposición de la ministra de Ambiente”.
En busca de propuestas para mejorar los entornos de los pescadores ancestrales, Felipe Ladino plantea una opción que ha demostrado buenos resultados en Juradó y Bahía Solano, en el Chocó: “Lo que se debe lograr es que las comunidades tengan un ecosistema saludable como está ocurriendo en el Pacífico Norte gracias a la ZEPA (Zona Exclusiva de Pesca Artesanal), porque allá los pescadores salen y pescan al frente de su costa, allí encuentran una abundancia de peces mayor a otras zonas donde no existen estas figuras de protección. Así que se podría replicar las ZEPAs donde las comunidades lo soliciten”
El tema es complejo y no está cerrado. Para muchos grupos comunitarios y para las organizaciones ambientales, especialmente del Pacífico, todavía queda mucho por discutir. Ante este panorama qué opinan, ¿qué será mejor para los tiburones y para las comunidades costeras?
