En medio de muchos temas de interés para los líderes mundiales que asistieron a la Asamblea General de la ONU, que se realizó en Nueva York, había uno de trascendental importancia para la vida marina. El encuentro sirvió como marco para la apertura de firmas del Tratado Oceánico de la ONU o “Tratado de alta mar” por parte de los presidentes allí reunidos en representación de sus países.
Este documento, que se venía tratando de concertar desde 2004, se aprobó en la Conferencia Intergubernamental sobre Biodiversidad Marina de Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional, de la ONU, el pasado mes de marzo.
El tratado permite la creación de herramientas de gestión por zonas y define acciones para el fortalecimiento de la capacidad institucional y los mecanismos reguladores y sancionatorios, así como los procesos de resolución de conflictos.
Además, permitirá establecer áreas de conservación en aguas que no están en las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva de ningún país, es decir, que no pertenecen a un Estado y, por lo tanto, hasta ahora nadie tenía un instrumento internacional para garantizar la protección de su biodiversidad marina.
Un informe de Greenpeace identifica tres sitios prioritarios y sugiere que sean convertidos en santuarios oceánicos, debido a su importancia ecológica: el mar de los Sargazos en el océano Atlántico, los Montes submarinos Emperador en el nororiente del océano Pacífico y el mar de Tasmania en Oceanía. Todo esto encaminado a lograr el objetivo 30×30 adoptado por la ONU que busca que en el 2030 el 30% de los océanos haya sido declarado como área protegida.
¿Qué viene?
Muchas organizaciones dedicadas a la conservación y líderes de todo el mundo celebraron el acuerdo logrado en marzo y la apertura del documento para firmas en los últimos días. No obstante, todavía falta un amplio camino por recorrer.
Por ahora, se tiene un compromiso de buena voluntad, pero todavía no está vigente. Ese proceso, para convertirse en una herramienta real que permita acciones concretas, tuvo un momento clave en este mes de septiembre con la apertura de firmas por parte de los presidentes.
Lo primero era lograr la firma de por lo menos 60 países y ahora, de acuerdo con la legislación de cada uno, se tendrá que ratificar. Es decir, en muchos casos deberá pasar por el Congreso para que se convierta en Ley. Solo cuando eso suceda, será jurídicamente vinculante, lo que ocurrir en 2025.
