A pocas semanas de que entre en vigencia la Ley 2232 de 2022, que prohíbe algunas categorías de plásticos de un solo uso, dos expertos coinciden en que no se adoptaron las medidas necesarias para que la medida funcione y la norma genere el menor impacto en este sector económico.
De los 14 tipos de productos que menciona la Ley, el próximo 7 de julio saldrá del mercado el primer grupo. Los demás se retirarán más adelante, en un plazo que va hasta 2030, de acuerdo con el cronograma que traía el proyecto aprobado en el Congreso.
Los primeros productos que se retirarán del comercio son: bolsas en puntos de pago, bolsas que usan para impresos y en lavanderías, los rollos de bolsas que se usan en los supermercados, pitillos, soportes para bombas de inflar y los palitos de los copitos de algodón.
Los expertos opinan
“Yo creo que en el país nadie se preparó para eso”, dice tajantemente Juan Carlos Gutiérrez, Gerente de Eko Red, líder en el reciclaje de botellas de PET en el país.
En su opinión, “hay que incentivar la recolección y en ese proceso el personaje más importante es el reciclador, pero no lo han tenido en cuenta. Si las personas no ven con buenos ojos al reciclador y no le entregan el material, el plástico va a seguir yendo al relleno sanitario”.
Con este panorama, las cifras actuales no son alentadoras. Colombia produce 1’400.000 toneladas de plástico cada año y solo se recupera el 31%.
Solo Eko Red recoge 6 millones de botellas PET al día, pero tiene capacidad para reprocesar 12 millones. “De cada 10 botellas que se venden solo recogemos 3, las otras se van a un relleno sanitario o terminan en el mar”, concluye Juan Carlos Gutiérrez.
“Yo pienso que eso no va a poder hacerse tan radicalmente como se tiene pensado porque son muchas empresas y personas que saldrían perjudicadas”, dice Silvia Santos, creadora de Ecoworks, empresa que lleva10 años de experiencia en proyectos de reciclaje inclusivo.
Objeciones a los materiales alternativos
El presidente de la Cámara Ambiental del Plástico, Cristian Halaby, asegura que “el problema de la Ley 2232 es que está hecha con más ideología que con técnica”.
Según explica, el “análisis de ciclo de vida” desde la materia prima hasta la disposición final, el plástico es menos contaminante que cualquiera de los posibles sustitutos.
“No se dieron cuenta de que las alternativas son más contaminantes, por ejemplo, las bolsas de papel. Para producir una tonelada de papel hay que talar 15 árboles, luego por cada kilo de papel se necesitan 7 litros de agua, usar químicos y al final pesa 4 veces más que el plástico, por lo que genera mayor huella de carbono en el transporte. En lo único que le gana al plástico es la biodegradación más rápida”, dice.
Para el líder del gremio, se deben estimular otros caminos, en lugar de la prohibición. Por ejemplo, asegura que ya es posible acelerar la biodegradación del plástico con el uso de aditivos que se suman en la fabricación y que generan una enzima que permite que los microorganismos puedan comérselo en el relleno sanitario como si fuera material orgánico”.
En esto no está de acuerdo Daniel Rodríguez, CEO de la plataforma colaborativa Amazóniko que trabaja en potenciar la transformación de residuos: “De nada sirven materiales oxodegradables si estos llegan a un relleno sanitario porque generalmente esos elementos necesitan de ciertas condiciones de temperatura, humedad o contacto con el aire y en un relleno no lo van a tener”.
Según Daniel, hay que tener en cuenta toda la cadena productiva del plástico y no solamente la disposición final de los residuos, pues el objetivo tiene que ser pasar de un modelo lineal a uno de economía circular: “el plástico se puede reciclar mejor si toda la cadena de reciclaje funcionara mejor, pero aquí casi el 90% de los residuos con potencial de aprovechamiento están llegando a los rellenos sanitarios”.
Sobre la posibilidad de tener materiales alternativos, Silvia Santos tiene sus reservas: “los bioplásticos, que están hechos de alimentos, tienen una degradación súper lenta, entonces podemos usar una bolsa de maíz, pero esa bolsa de maíz tiene un proceso de degradación muy similar a una bolsa de plásticos tradicional”.
El caso es que ya pasaron los dos años que estipuló la Ley para que la cadena productiva se preparara y al parecer el país no avanzó en este tema. Los productores hace pocos meses realizaron un plantón como protesta por la falta de la reglamentación que debía haber emitido el Gobierno Nacional.
“Desafortunadamente vamos a llegar al 7 de julio a improvisar porque la Ley de julio del 2022 daba 6 meses al Ministerio del Medio Ambiente para que emitiera la reglamentación correspondiente. O sea que el 7 de enero de 2023 la reglamentación tendría que haber salido para que la industria tuviera un año y medio para adaptarse, pero ya va a entrar en vigencia la Ley y la reglamentación no existe”, explica Cristian Halaby.
Efectivamente, el Ministerio solo publicó el borrador a mediados de mayo para permitir que los interesados hicieran observaciones. Debido a esto, los empresarios representados en la Cámara Ambiental del Plástico dicen que al sector productivo se le debe dar un año más de plazo, sin embargo, esa opción no es fácil, solo existen dos formas de modificar el contenido de una Ley en Colombia: por medio de otra Ley, que ya no hay tiempo de tramitar en el Congreso o por una decisión del Consejo de Estado.
Por ahora, algunas disposiciones contenidas en la Ley ya están vigentes, primero fue la prohibición de plásticos de un solo uso en las sedes de las entidades públicas y, más recientemente, la prohibición de ingresar estos productos a los Parques Naturales.
