El presidente de Colombia, Gustavo Petro, estuvo el 24 de enero en el municipio de Guapi y allí le habló a los asistentes sobre muchos temas. Cuando se levantó y dio por terminado el evento se escuchó entre el público un grito que decía: “¿Y Gorgona, presidente?”. A eso le siguieron otros reclamos similares y una silbatina, pero no hubo respuesta.
Pasados unos 20 días, el Gobierno citó a los medios de comunicación para precisar algunos detalles y reiterar que la obra sigue adelante.
“Las adecuaciones en la Isla se realizarán cumpliendo los protocolos de licencia ambiental, protegiendo la fauna y con el uso de energías limpias”, dice el comunicado emitido por el Gobierno Nacional después del encuentro al que asistieron los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Defensa; y Comercio, Industria y Turismo. También respaldaron el mensaje con su presencia el director de Parques Nacionales Naturales, el director de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) y el comandante de la Armada Nacional.
Sin embargo, la comunidad rechazó nuevamente la iniciativa y no consideró suficientes las aclaraciones que hizo el Gobierno Nacional.
En qué consiste el proyecto
Básicamente se tiene pensado adelantar tres obras: ya se hizo una torre de comunicaciones con un radar en el punto más alto de la isla; se planea la construcción de un muelle de 132 metros que además de prestar servicio a la Armada puede potenciar significativamente la llegada de turistas; y se espera adelantar la renovación completa de la subestación de guardacostas con alojamientos, cocina, comedor, área administrativa y, además, un tanque de almacenamiento de 7.000 galones de combustible para abastecer las embarcaciones.
Así sería la zona donde vivirían los guardacostas en la base. Foto Rénder: Armada Nacional.
Todo comenzó en 2015 cuando se presentó el proyecto “Construcción, operación, abandono y restauración de la Estación de Guardacostas en la isla Gorgona y obras complementarias”. En ese momento se expidió la licencia ambiental y todo parecía bien.
Sin embargo, desde 2022 creció la controversia. Se actualizó la licencia ambiental para subsanar los puntos que habían generado inconformidad y se logró un documento que dejó satisfechos a muchos científicos.
Sin embargo, las comunidades mantuvieron su postura crítica y se unieron para tratar de impedir el proyecto por considerarlo como “una base militar norteamericana en Gorgona”. Esa es la impresión que tienen muchos todavía porque el Gobierno de Estados Unidos va a aportar 12 millones de dólares por medio de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos.
Fotos: Concurso de Naturaleza Agenda del Mar, José María Chamorro y Leonardo Arango
Los nuevos anuncios del Gobierno
Sin hacer una alusión directa a los cuestionamientos hechos por quienes se oponen al proyecto, los ministros en rueda de prensa aseguraron que el objetivo es fortalecer la vocación investigativa y turística del Parque Gorgona, así como los procesos de reconversión productiva.
Aseguraron los voceros del Gobierno Nacional que allí se construirá “un centro de investigación científica” con la participación de las universidades Nacional, del Valle, Nariño y Cauca, así como el Invemar, IIAP y Parques Nacionales Naturales.
Además, dijo la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible que se pondrá al servicio una estación de buceo para atender a los visitantes que llegan atraídos por esta práctica, que representan el 75% de los viajeros que recibe la isla.
Finalmente, el Gobierno aseguró que el radar se comprará con dinero del Ministerio de Defensa para garantizar que su manejo sea de uso exclusivo de Colombia, que no se adelantarán obras durante la temporada de ballenas y que se instalarán páneles solares con el propósito de que nada funcione con combustibles fósiles en la isla.
Foto: Agenda del Mar
Motivos para que se mantenga la oposición
Las comunidades de Gorgona y diferentes poblaciones costeras del Pacífico se oponen porque consideran que la licencia ambiental, pese a los cambios que se le han hecho, todavía desconoce el impacto que las obras y la operación de la nueva base puede tener en la fauna y flora de la zona e incluso, sobre las personas que habitan el territorio.
Además, los líderes del movimiento de protesta insisten en que no hubo consulta previa y no se ha tenido en cuenta a la comunidad, lo que contradice a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien asegura que se hicieron más de 25 reuniones.
El reclamo lo hacen los habitantes de 8 municipios costeros que se sienten afectados, pues en Gorgona no existe propiamente población nativa. Estas poblaciones son López de Micay, Timbiquí y Guapi, en Cauca; y Santa Bárbara de Iscuandé, El Charco, La Tola, Olaya Herrera y Mosquera, en Nariño.
La bióloga Laura Benítez, integrante del colectivo Unidos por Gorgona, aseguró que la oposición al proyecto se mantiene porque, asegura, los anuncios desconocen muchos de los reclamos que han hecho la comunidad y los grupos ambientalistas.
Adicionalmente, rechazó la estigmatización que se viene presentando con el argumento de que quienes se oponen al proyecto es porque tienen interés en mantener un “narco-estado”.
En definitiva, la posición de las organizaciones sociales sigue siendo la misma expuesta en un comunicado fechado el 11 de diciembre de 2023: “reiteramos nuestra posición indeclinable de oposición total a este nocivo proyecto y le solicitamos una vez más al Gobierno del presidente Gustavo Petro cancelarlo de manera definitiva, que revoque una licencia ambiental irregular que viene desde el 2015 y reestablezca la protección constitucional del PNN Gorgona”.
El Gobierno, por su parte, reiteró que el proyecto se suspendió un año mientras se escuchaban las preocupaciones de la comunidad y se hacían todos los ajustes de acuerdo con las inquietudes encontradas. Ahora será de mucha importancia que las organizaciones científicas y ambientales, así como los colectivos sociales, ejerzan una veeduría permanente y documentada por el bien de Gorgona.
